A pesar de tratar una noticia que ya causó polémica la semana pasada, eso no quita su vital importancia para la actualidad que estamos viviendo. Hoy hablare pues de la ya conocida como "directiva de la vergüenza".
Resulta que el pasado jueves 19 de junio saltó a la actualidad una noticia sorprendente cuanto menos que vino desde el Parlamento Europeo y cuyo tema era la inmigración. El Parlamento Europeo dio su visto bueno a la postura acordada por los 27 Estados miembros, que establece criterios comunes para la expulsión y retención de inmigrantes hasta 18 meses por decisiones administrativas. Los países tienen dos años para adaptar su legislación y para iniciar la expulsión de todos los sin papeles, que no podrán regresar a la UE en cinco años. El Parlamento no forzó una nueva negociación del texto, ya que no se aprobó ninguna de las enmiendas presentadas por el grupo socialista. Así, dio por bueno, por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, el compromiso que los ministros de Interior de los 27 acordaron el 5 de junio.
Estas enmiendas, en palabras del socialista Javier Moreno, querían "acercar la norma a los Estados más garantistas de la Unión, como España". Así, suavizaban algunos puntos polémicos como el plazo de retención temporal, que se reducía de los 18 meses hasta un máximo de 6. Los avisos de los 27 pesaron sobre los eurodiputados más que las presiones de mandatarios latinoamericanos y africanos, ONG, el Consejo de Europa y diversos colectivos, quienes solicitaron dar marcha atrás al documento. Tampoco sirvieron las llamadas del eurodiputado italiano Giusto Catania, de Izquierda Unida Unitaria, a la dignidad del Parlamento frente al Consejo, quien señaló que sólo quiere activar los 676 millones del Fondo Europeo para el Retorno. De hecho, los países presionaron para aprobar la nueva directiva en primera lectura y poder contar con estos fondos para expulsar a los inmigrantes.
El diputado español Willy Meyer criticó que esta es la aportación de la Vieja Europa, la Europa de los valores a la hambruna del siglo XXI y que va a suponer la deportación de ocho millones de personas sin garantías. Sin embargo, para sus defensores, la normativa establecerá unos criterios comunes en los Estados miembros que protegerán también los derechos de los "sin papeles", al darles una cobertura legal. El diputado que negoció el compromiso con el Consejo, Manfred Weber, recordó que hay Estados en los que no hay periodo máximo de detención, como sucede con siete países de la Unión (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Países Bajos, Reino Unido y Suecia). En España, el plazo máximo de detención es de 40 días.Además, Weber avisó de que esta directiva es sólo uno de los pilares de una política global de inmigración que debe abarcar también la inmigración legal, a través de la llamada tarjeta azul, y otras iniciativas que la Comisión debe impulsar para proteger los derechos de los inmigrantes documentados. Por otra parte, los menores de edad no acompañados podrán ser repatriados siempre que en su país de origen les espere una familia o exista un centro de acogida.
Ya se han organizado diversas manifestaciones en España en contra de esta nueva directiva a aplicar por los 27 países firmantes en el menor espacio de tiempo posible. Los convocantes consideran que la nueva normativa comunitaria someterá a miles de personas a cumplir entre seis y 18 meses de detención "por el simple hecho de no tener sus papeles" y recordaron que 2.000 inmigrantes se encuentran actualmente en los Centros de Internamiento de Extranjeros "sólo por esa falta administrativa".
"Con la nueva Directiva de la Vergüenza, la retención de personas inmigrantes en los CIE podrá ser ordenada no sólo por la autoridad judicial, sino también por la Policía, a condición de que esta orden sea confirmada por un juez lo más rápidamente posible, es decir sin establecer un plazo determinado de tiempo para dicha confirmación judicial del internamiento", explicaron las organizaciones contrarias a esta normativa. En este sentido, creen que la nueva medida no sólo se podrá privar de libertad a personas adultas, "sino que, atentando contra las declaraciones de Derechos Humanos y del niño, ya que también se podrá retener a menores de edad no acompañados"."Cuando se cubra la capacidad de los Centros de Internamiento de Extranjeros, la Directiva de la Vergüenza incluso contempla el internamiento de las personas inmigrantes en prisiones. El no tener papeles, una mera falta administrativa, llevará a la cárcel. Esto es reflejo de que será una política represiva de estigmatización y exclusión de los inmigrantes", indicaron. Por ello, los convocantes afirmaron que la directiva supone un "insulto" a los principios de un Estado social y democrático de derecho, "ya que ignora la naturaleza y los efectos de los fenómenos migratorios y fomenta el sentimiento de inseguridad, la xenofobia y la insolidaridad".
Mi opinión se muestra del lado de los convocantes, pues entiendo lo que ellos denuncian y creo que es así como se debe plantear este asunto, y no como una medida uniforme y comunitaria válida para todos los países. Cierto es que es beneficioso trabajar unidos para conseguir mayores logros, pero cuando se juega con personas se ha de tener especial cuidado con lo que se hace. Retener a una persona hasta un año y medio por falta de unos documentos básicos y que todo el mundo tiene derecho a tener pero que muy pocos tenemos es inmoral. No creo que se estén haciendo bien las cosas en esa Europa, que es icono básico de las colaboraciones entre países en el mundo, cuando están encerrando a unas personas que sólo tratan de encontrar un lugar donde vivir mejor; y, en muchos casos, simplemente donde poder vivir.
P.D.: Agradezco la ilustración de Cristina Sampaio, con la que se escenifica tan bien esta repulsa mayoritaria. ¿Qué opináis al respecto? ¿Creéis que trae más beneficios o inconvenientes para la Unión Europea? ¿Y vuestro sentido común qué os dice? Podréis encontrar más información de las oposiciones que esta norma ha levantado aquí.
Hasta pronto corazones.
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